En fecha 24 de abril de 2018 entró en vigencia del Decreto Reglamentario N°354/2018 (en adelante “el Decreto 354”) que reglamenta el pago del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) que aplica sobre los servicios digitales prestados por sujetos del exterior que son utilizados económicamente en el país.

Cabe recordar que el Decreto 354 no introduce ningún hecho imponible nuevo, habida cuenta que los servicios digitales que se utilicen o exploten en el territorio argentino y que sean prestados por sujetos de exterior, se encuentran gravados con el IVA desde diciembre del año 2017 mediante la sanción de la ley 27.430.

Para ver las principales modificaciones que introduce la ley 27.430, haga click en el siguiente artículo: http://canosa.com/es/se-sanciono-en-argentina-una-amplia-reforma-fiscal/.

El rol principal del Decreto 354 es reglamentar el hecho imponible ya incorporado.

A continuación, analizaremos las ideas plasmadas en los artículos del Decreto 354 que reglamentan la operatividad de la ley 27.430 en lo que respecta al pago de IVA sobre servicios digitales recibidos del exterior.

  1. Sujeto pasivo del impuesto: El impuesto se encontrará a cargo del prestatario, ya sea en forma directa o por medio de un intermediario. El prestatario está obligado no solo al ingreso del impuesto, sino a la liquidación previa. El prestatario será el único responsable cuando no medie intermediario.

1.a. La figura del intermediario: Cuando el prestatario actúe por medio de u intermediario que resida o esté domiciliado en el país que intervenga en el pago, este será un agente de percepción y de liquidación. Deberá cumplir con todas las obligaciones correspondientes a los agentes de percepción. Para el caso en el que haya más de un intermediario posible, el carácter de agente de percepción y liquidación lo asumirá el que tenga el vínculo comercial más cercano con el prestador.

La actuación del agente de percepción y liquidación se determinará en función de los listados de prestadores de servicios digitales que sean residentes o domiciliados en el exterior. Los listados mencionados serán confeccionados por el Organismo Recaudador, quien podrá actualizarlos periódicamente, estableciendo, en cada caso, el momento a partir del cual tales listados o sus sucesivas actualizaciones resultarán de aplicación.

En relación a dichos listados, se advierte que los prestadores pueden también prestar servicios que no califiquen como digitales y que no resulten incididos por el IVA. En estos casos, se delega en la AFIP la tarea de establecer condiciones (frecuencia, montos, modalidad, etc.) para determinar cuándo se trata de un servicio digital sujeto a IVA.  Sin perjuicio de tales condiciones, se admite prueba en contrario respecto a si trata o no de un servicio digital.

  1. Dispensa de inscripción: Como el impuesto será soportado mayormente por consumidores finales, la obligación que pesa sobre el prestatario de inscribirse al IVA, se verá satisfecha con el ingreso del pago del impuesto.
  2. Forma y plazos de pago: La AFIP dispondrá en qué forma y bajo qué plazos se deberá ingresar el impuesto, sea ingresado por el prestatario o por el agente de percepción.
  3. Determinación del impuesto: a) A cargo del prestatario: Las operaciones en moneda extranjera se convertirán al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior a aquél en el que se perfeccione el hecho imponible. B) A cargo del intermediario: Se tomará el tipo de cambio vendedor que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina, al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen y/o liquidación y/o documento equivalente que suministre el intermediario.

Entendemos que, pese a la reglamentación efectuada, aún quedan aspectos pendientes de tratamiento que no son menores, como son lo son la determinación de: a) Forma y plazo para el ingreso del IVA para los hechos imponibles que se perfeccionen luego de la entrada en vigencia del Decreto 354, sea que el obligado al pago sea el intermediario o el prestatario en forma directa; b) Forma y plazo para el ingreso del IVA para los hechos imponibles que se hubieren perfeccionado entre el 1 de febrero de 2018 (entrada en vigencia de la ley 27.430 que incluyó el hecho imponible del IVA sobre servicios digitales recibidos del exterior) y el 24 de abril de 2018 (entrada en vigencia del Decreto 354), sea que el obligado al pago sea el intermediario o el prestatario en forma directa; c) Listado de prestadores de servicios digitales sujetos a IVA en Argentina; d) Condiciones y parámetros bajo los cuales los intermediarios deben percibir IVA cuando los prestadores prestan otros servicios no gravados; e) Condiciones o criterios en base a los cuales el intermediario puede juzgar si la prueba aportada por su cliente es suficiente para considerar que no se trata de un servicio digital o que el mismo no es utilizado en el país.

 

 

El 23 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27441 que aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio entre Brasil y Argentina para Evitar la Doble Imposición y la Evasión Fiscal (el “Protocolo”). El Protocolo aún no ha sido ratificado por el Congreso de Brasil.

El convenio firmado en 1980, en vigor por el momento, establece que los dividendos distribuidos por una empresa brasilera a contribuyentes argentinos están exentos del Impuesto a las Ganancias local, al igual que los intereses de los bonos corporativos brasileros. El Protocolo permite que tanto Argentina como Brasil puedan gravar ambas rentas, aunque con porcentajes máximos para las retenciones aplicables por el país pagador.

En este sentido, el Protocolo incluye alícuotas máximas de retención del 10 o 15%, para el pago de dividendos, intereses o regalías, según el caso. En consecuencia, Argentina dejará de aplicar sus tasas domésticas del 35% para el pago de intereses o 31,5% para el pago de regalías y servicios técnicos a sujetos brasileros; en tanto que Brasil en su legislación interna prevé tasas en general del 15%.

El Protocolo aún debe ser ratificado por el Congreso de Brasil. Una vez intercambiadas las leyes de ratificación por vía diplomática, entrará en vigor a los 30 días de la última notificación prevista y será aplicable el año fiscal siguiente al de la entrada en vigencia.

Para mayor información acerca de las principales modificaciones que introduce el Protocolo, haga clic en el siguiente artículo: Modificación al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal entre Argentina y Brasil.

En fecha 29 de diciembre de 2017 se promulgó la ley N° 27.430 (en adelante la “Ley”), a través de la cual se introdujeron importantes modificaciones al sistema tributario argentino.  En líneas generales, la reforma introduce varias de las iniciativas de la OCDE conocidad como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

A continuación señalaremos las principales reformas efectuadas por la Ley en el sistema tributario de la República Argentina.

 

  1. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

1.1 Sociedades. Las ganancias no distribuidas de las sociedades de capital y los establecimientos permanentes se encontrarán gravadas en un 30% respecto a los ejercicios iniciados el 01/01/2018 y en un 25% en relación a los ejercicios iniciados a partir del 01/01/2020, lo que implica una reducción en la tasa anterior del 35%.

La distribución de dividendos estará sujeta a un impuesto adicional del 7% para 2018 y del 13% desde 2020. No obstante, la Ley deja sin efecto el impuesto de igualación establecido por el artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la ley del impuesto y, como consecuencia, los dividendos y utilidades que correspondan a beneficios acumulados previo a la entrada en vigencia de la Ley quedan exentos del impuesto adicional.

La Ley incorpora como sujetos del gravamen a las sociedades por acciones simplificadas (SAS) y unipersonales (SAU).

1.2 Renta presunta por disposición de fondos y bienes. Se dispone un interés presunto para cada moneda, el cual deberá ser establecido por la reglamentación. En cuanto a las disposiciones de bienes, la Ley establece que se presumirá una ganancia equivalente al 8% anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles y del 20% anual del valor corriente en plaza respecto al resto de los bienes.

1.3 Precios de transferencia. La Ley establece que la reglamentación deberá fijar un límite mínimo de ingresos anuales del contribuyente y un importe mínimo de operaciones para que resulte aplicable la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas anuales de precios de transferencia.  Recordemos que la Argentina ya había implementado el report país por país establecido en la Acción 13 de BEPS (http://canosa.com/es/argentina-introduce-un-informe-pais-por-pais-en-materia-de-precios-de-transferencia-implementacion-de-la-accion-13-del-plan-beps/).

1.3.1 Importación y exportación. En relación a las operaciones de importación y exportación de mercaderías con intervención de  intermediarios internacionales, siempre y cuando el intermediario, el exportador en origen o el importador en destino se encuentren vinculados con el sujeto local, el contribuyente deberá acreditar que la remuneración del intermediario es proporcionada en relación a los riesgos, funciones y activos involucrados en la operación. Si además de estar vinculado con el sujeto local, el intermediario internacional se encuentra ubicado en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, el contribuyente deberá registrar el contrato en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

1.3.2. Compraventa de inmuebles. La Ley grava en un 15% las utilidades obtenidas por la venta de inmuebles por parte de personas humanas, excepto en aquellos casos que se trate de casa habitación. Este gravamen reemplaza al impuesto a la transferencia de inmuebles para aquellos bienes que se enajenen y que se hubieran adquirido a partir del 01/01/2018.

1.4 Indemnizaciones laborales. Se gravan las sumas que surjan de la desvinculación laboral de quienes hayan desempeñado cargos directivos y ejecutivos en empresas y que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en las distintas normativas laborales. En caso de que las sumas surjan de acuerdo consensuado, estarán alcanzadas en cuanto superen el monto indemnizatorio mínimo previsto en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa.

1.5 Establecimiento permanente. La Ley define al “establecimiento permanente” como un lugar fijo de negocios mediante el cual un sujeto del exterior realiza toda o parte de su actividad. Asimismo, establece que son establecimientos permanentes, entre otros: a) Una sede de dirección o administración, b) Una sucursal, c) Una fábrica, d) Un taller, etc. Por otro lado, la Ley dispone que no existe establecimiento permanente cuando un sujeto actúe en el territorio nacional por cuenta de una  persona humana o jurídica, entidad o patrimonio extranjero y dicho sujeto: a) Tenga un depósito en el país desde el cual regularmente entrega bienes o mercancías por cuenta del sujeto del exterior, b) Asuma riesgos que correspondan al sujeto residente en el extranjero, c) Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del sujeto del exterior, etc.

1.6 Trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos que desarrollen una actividad independiente recibirán una deducción especial incrementada en un 100% y en un 150% para nuevos profesionales o nuevos emprendedores, en los términos que establezca la reglamentación. El pago de aportes que los trabajadores autónomos deban realizar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones que corresponda es condición indispensable para el cómputo de la deducción.

1.7 Transparencia fiscal internacional – Fideicomisos, Trusts y otras estructuras offshore. Las ganancias obtenidas por trusts, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas constituidas, domiciliadas o ubicadas en el exterior, así como todo acuerdo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal foráneo, cuyo objeto principal sea la administración de activos, se imputarán por el sujeto residente que los controle al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual de tales entes o acuerdos. No hay control cuando los activos fueron aportados a trust en donde settlor y beneficiario no detentan control.

1.8 Jurisdicciones no cooperantes y de baja o nula tributación. La Ley define a las “jurisdicciones no cooperantes” como aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información con la República Argentina. Aquellos países que tengan vigente acuerdos con Argentina pero no cumplan efectivamente con ellos, también serán considerados como jurisdicciones no cooperantes. La Ley deja en manos del Poder Ejecutivo la elaboración de un listado de jurisdicciones no cooperantes.

Por su parte, las jurisdicciones de baja o nula tributación son aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior al 60% de la alícuota vigente en Argentina.

1.9 Enajenación indirecta de bienes situados en el territorio nacional. La Ley considera ganancias de fuente argentina las obtenidas por sujetos no residentes en el país provenientes de la enajenación de acciones, cuotas, participaciones sociales, títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o cualquier otro derecho representativo del capital o patrimonio de una persona jurídica, fondo, fideicomiso o figura equivalente, establecimiento permanente, patrimonio de afectación o cualquier otra entidad, que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada en el exterior, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones específicamente establecidas en la Ley. Las transferencias realizadas dentro de un mismo conjunto económico se encuentran excluidas.

1.10 Renta financiera. La Ley grava rendimientos financieros que se encontraban exentos o no gravados para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina, entre los cuales se encuentran: las ganancias de capital provenientes de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, la enajenación de títulos de fideicomisos financieros y, en general, las cesiones de derechos sobre fideicomisos y contratos similares, las obligaciones negociables y las cuotas partes de fondos comunes de inversión (excepto aquellos conformados exclusivamente por acciones que cotizan en bolsa o en mercados argentinos). Algunos ejemplos de la aplicación del gravamen son los siguientes: a) Se grava en un 15% a las utilidades por compraventa de acciones de sociedades argentinas que no cotizan en bolsas o mercados de Argentina, b) Las utilidades por compraventa e intereses de títulos públicos argentinos en pesos, y sin cláusula de ajuste están gravados en un 5%, c) Intereses de depósitos a plazo fijo en pesos y sin cláusula de ajuste: gravados al 5%.

1.10 Participaciones en entes extranjeros. Respecto de las ganancias de fuente extranjera obtenidas por personas humanas residentes en el país, obtenidas por su participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, las rentas financieras que se obtengan deberán tributar sin diferimiento. Este régimen será aplicable siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos referidos a porcentaje de tenencia en la sociedad, tipos de rentas obtenidas, etc.

1.11 Intereses de deudas de carácter financiero. La Ley dispone una limitación para la deducción de intereses de deudas de carácter financiero contraídas con sujetos vinculados, sean residentes o no. Dichos intereses serán deducibles hasta el monto anual que establezca el Poder Ejecutivo o el equivalente al 30% de la ganancia neta del ejercicio que resulte antes de deducir tanto intereses como amortizaciones, lo que resulte mayor. Para determinar este límite, se podrá adicionar el excedente acumulado en los 3 ejercicios fiscales anteriores, por resultar inferior el monto de intereses efectivamente deducidos respecto del límite aplicable en cada uno de ellos. Los intereses que no hubieran podido ser deducidos podrán trasladarse y adicionarse a aquellos correspondientes a los 5 ejercicios fiscales inmediatos siguientes.

  1. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (“IVA”)

2.1 Servicios digitales. La ley grava con IVA a los servicios digitales prestados por sujetos residentes o domiciliados en el exterior (como por ejemplo Spotify o Netflix) cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. El acceso y/o la descarga de libros digitales se encuentran exentos de IVA.

El impuesto será ingresado por el prestatario local. Si existe un intermediario que intervenga en el pago (Ej.: tarjeta de crédito), éste deberá actuar como agente de percepción.

Esta modificación tiene efecto para aquellos hechos imponibles que se originen a partir del 01/02/2018.

2.2 Devolución de IVA por inversiones en bienes de uso. La Ley introduce un régimen permanente de devolución de créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación de bienes de uso (excepto automóviles), que luego de transcurridos 6 períodos fiscales consecutivos, contados a partir del período en que resultó procedente su cómputo, conformaren el saldo a favor de los responsables.

Este mecanismo de devolución será aplicable para los créditos fiscales que se generen a partir del 01/01/2018.

  1. SEGURIDAD SOCIAL

3.1 Alícuota de contribuciones patronales. La Ley dispone la unificación gradual, en 19,5%, de la alícuota de contribuciones patronales sobre la nómina salarial, con destino a los subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social regidos por las leyes 19.032 (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), para los empleadores del sector privado, de acuerdo al siguiente esquema:

 

Encuadre actual del Empleador Hasta 31/01/2018 Desde 01/02/2018 hasta 31/12/2018 Año 2019 Año 220 Año 2021 Año 2022
Dec. 814/2001 Art. 2 inc. a) 21,00% 20,70% 20,40% 20,10% 19,80% 19,50%
Dec. 814/2001 Art. 2 inc. a) 17,00% 17,50% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50%

 

La Ley establece que de la base imponible sobre la cual se calculan las contribuciones se detraerá mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe que será en 2018 de $2.400, adicionándose igual monto en años siguientes, hasta alcanzar $12.000 en 2022. El importe mencionado será actualizado desde enero de 2019 teniendo en cuenta las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asimismo, la Ley prevé una eliminación gradual de la disminución de contribuciones patronales dispuesta oportunamente en la ley 26.940 para micro, medianas y pequeñas empresas.

3.2 Cómputo como crédito fiscal de IVA. La Ley dispone una eliminación gradual de la posibilidad de computar determinados porcentajes de contribuciones patronales como crédito fiscal de IVA, que fuera establecido por el Dec. 814/2001 para ciertas zonas específicas del país.

Esta disposición será aplicable para contribuciones patronales que se devenguen a partir del 01/02/2018.

  1. REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (MONOTRIBUTO)

4.1 Modificaciones con efectos a partir del 01/06/2018. a) Las sociedades de hecho y sociedades irregulares ya no podrán encuadrarse en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, b) La Ley incrementa el precio unitario de venta de cosas muebles a $15.000, el cual anteriormente ascendía a $2.500, c) La Ley elimina el requisito de cantidad mínima de empleados en relación de dependencia para permanecer en las categorías más altas de venta de cosas muebles, c) La Ley reemplaza el régimen de recategorización cuatrimestral por uno semestral a la finalización de cada semestre calendario (julio y enero).

  1. PROCEDIMIENTO FISCAL

5.1 Domicilio fiscal electrónico. La Ley dispone la obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico para todos los contribuyentes y responsables, con plenos efectos de notificación. Sin embargo, la AFIP podrá establecer excepciones basadas en razones de conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.

5.2 Declaraciones juradas rectificativas. La Ley establece que la presentación de declaraciones juradas “rectificativas en menos” que se presenten dentro del plazo de 5 días posteriores al vencimiento general. En tanto la diferencia de la rectificación no exceda el 5% de la base imponible declarada originalmente, la última declaración jurada sustituye a la anterior. El consiguiente saldo a favor será de libre disponibilidad.

5.3 Acuerdo conclusivo voluntario. El Fisco podrá habilitar una instancia de “acuerdo conclusivo voluntario” cuando resulte necesaria para la apreciación de los hechos determinantes y la correcta aplicación de la norma al caso concreto, cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que dificulten su cuantificación, o cuando se trate de situaciones que por su naturaleza, novedad, complejidad o trascendencia requieran de una solución conciliatoria.

La instancia de acuerdo conclusivo voluntario será previa a la determinación de oficio y el caso a conciliar se someterá a consideración de un órgano de conciliación colegiado conformado por funcionarios intervinientes en el proceso que motiva la controversia, por funcionarios pertenecientes al máximo nivel técnico jurídico de la AFIP y por las autoridades de contralor interno que se designen al efecto.

5.4 Medidas preventivas. La ley faculta a la AFIP a disponer medidas preventivas tendientes a evitar maniobras de evasión tributaria, pudiendo limitar la autorización de emisión de comprobantes o modificar la condición de inscriptos de los contribuyentes.

5.5 Régimen sancionatorio. A continuación se detallan las reformas principales al régimen tributario sancionatorio.

5.5.1 Clausura. La Ley elimina la aplicación de multas en forma conjunta con la clausura. Asimismo, se podrán fijar clausuras de entre 2 y 6 días (antes 3 a 10 días).

La Ley incorpora como causal de clausura a la evasión previsional, en el caso de establecimientos de al menos 10 empleados, que tenga 50% o más del personal relevado sin registrar, aun cuando se hubiera dado de alta como empleador.

5.5.2 Omisión. La multa por omisión, que anteriormente oscilaba entre el 50% y el 100%, pasa a ser del 100% fijo del gravamen omitido o dejado de retener o percibir. La multa será del 200% en casos de reincidencia o cuando la omisión se configure en relación a operaciones con entidades en el exterior. Para omisiones de reincidentes en relación a operaciones con entidades del exterior, la multa ascenderá al 300% del gravamen omitido o dejado de retener o percibir.

5.5.3 Defraudación. La Ley establece penas de entre 2 a 6 veces el tributo evadido, lo que significa una reducción respecto al anterior régimen, el cual establecía penas de entre 2 a 10 veces el tributo evadido. Asimismo la Ley incorpora dos nuevos tipos de defraudación: el aprovechamiento indebido de beneficios y la simulación dolosa de pago.

5.6 Secreto fiscal. El secreto fiscal no será aplicable para la autoridad competente en el marco de los convenios para evitar la doble imposición celebrados por Argentina, y respecto de los balances y estados contables presentados por el contribuyente.

5.7 Acuerdos anticipados de precios. La Ley incorpora un régimen de acuerdos anticipados de precios denominado “Determinaciones Conjuntas de Precios de Operaciones Internacionales” (DCPOI), mediante el cual el contribuyente y la AFIP podrán convenir los criterios en materia de precios de transferencia conforme los cuales se valorarán las operaciones internacionales.

  1. REGIMEN PENAL TRIBUTARIO

6.1 Actualización de montos. La Ley actualiza los montos de las condiciones objetivas de punibilidad de acuerdo al siguiente detalle:

ARTÍCULO LEY TIPO PENAL IMPORTE ANTERIOR IMPORTE REFORMA
1 Evasión simple $400.000 $1.500.000
2 Evasión agravada Genérica $4.000.000 $15.000.000
Intervención personas $800.000 $2.000.000
Beneficios fiscales $800.000 $2.000.000
Facturas apócrifas $400.000 $1.500.000
3 Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales $400.000 $1.500.000
4 Apropiación indebida de tributos $40.000 $100.000
5 Evasión simple previsional $80.000 $200.000
6 Evasión agravada previsional Genérica $400.000 $1.000.000
Intervención personas $160.000 $400.000
Beneficios fiscales $400.000
7 Apropiación indebida de recursos de seguridad social $20.000 $100.000
8 Obtención fraudulenta de beneficios fiscales Sin límite Sin límite
10 Simulación dolosa cancelación obligaciones Sin límite $500.000 Impositivas
$100.000 seguridad social
11 Alteración dolosa de registros Sin límite Sin límite

 

6.2 Dispensa de denuncia penal. En los casos de evasión simple y agravada ya sea tributaria o previsional, La Ley establece que la AFIP estará dispensada de formular la denuncia penal si las obligaciones y sus accesorios fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia.

  1. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIA

7.1 Unidad de Valor Tributaria. La Ley crea la Unidad de Valor Tributaria (UVT) como unidad de medida de valor homogénea a los efectos de determinar los importes fijos, impuestos mínimos, escalas, sanciones y todo otro parámetro monetario contemplado en las leyes de tributos y demás obligaciones cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP, incluidas las leyes procedimentales y los parámetros monetarios del Régimen Penal Tributario. Antes del 15/099/2018, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso un proyecto de ley mediante el cual se establecerá la cantidad de UVT correspondiente a cada uno de los parámetros monetarios.

7.3 Actualización de la UVT. La UVT se ajustará anualmente sobre la base de la variación anual del IPC publicado por el INDEC. Para determinar el monto correspondiente por configuración de delitos y otros ilícitos se considerará la relación de conversión entre pesos y UVT vigente al momento de su comisión, mientras que para la cancelación de sanciones se tendrá en cuenta la relación vigente al momento de su cancelación.

 

Un total de cinco empleados de la AFIP y un empresario fueron detenidos en el marco de más de 50 allanamientos dispuestos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en una causa por la filtración de datos secretos sobre el último blanqueo de capitales, en 2016. Además, se secuestraron cerca de 5 millones de dólares en efectivo.

Los operativos se llevaron a cabo dentro de una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos: el personal de la AFIP involucrado en el hecho ilícito comercializaba esos datos y los vendía a empresas que, a su vez, los comercializaban en el mercado.

La causa que se inició con una denuncia de la AFIP a mediados del año pasado, destinada a determinar cómo se filtraron datos sobre el último blanqueo fiscal..

A partir de la investigación, se detectó que una empresa de reportes crediticos conocida como Reportes Online, ofrecía información confidencial a sus clientes. La pesquisa permitió descubrir que los empleados de la AFIP, en su mayoría del área de Informática y Sistemas, habrían desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para después filtrarla sin ser detectados.

Además, fuentes del caso detallaron a este sitio que los 5 millones de dólares incautados fueron hallados en Constitución en una “cueva” donde trabajaban los empresarios que vendían la información.

Trámite de Inscripción inicial e inscripciones posteriores.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el órgano encargado de la inscripción de la SAS es el Registro Público de Comercio (“IGJ”). Los trámites se realizarán a través de un Sistema de Gestión Documental Electrónica (“GDE”) y el sistema de Trámites a Distancia (“TAD”).

El número de trámite va a ser el CUIT de la SAS.

Capital social: acciones.

El capital se dividirá en partes denominadas acciones. Al momento de la constitución de la sociedad, el capital no podrá ser inferior al importe equivalente a dos (2) veces el salario mínimo vital y móvil (actualmente AR$ 17.720).

La suscripción e integración de las acciones deberá hacerse en las condiciones, proporciones y plazos previstos en el instrumento constitutivo. Los aportes en dinero deben integrarse en un veinticinco por ciento (25 %) como mínimo al momento de la suscripción. La integración del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos (2) años. Los aportes en especie deben integrarse en un cien por ciento (100 %) al momento de la suscripción.

Los aportes podrán realizarse en bienes dinerarios o bienes no dinerarios. Los aportes en bienes no dinerarios podrán ser efectuados al valor que unánimemente pacten los socios en cada caso, quienes deberán indicar en el instrumento constitutivo los antecedentes justificativos de la valuación o, en su defecto, según los valores de plaza. En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de cinco (5) años de realizado el aporte. La impugnación no procederá si la valuación se realizó judicialmente. Los estados contables deberán contener nota donde se exprese el mecanismo de valuación de los aportes en especie que integran el capital social.

Podrán pactarse prestaciones accesorias. En este caso, la prestación de servicios, ya sea de socios, administradores o proveedores externos de la SAS, podrán consistir en servicios ya prestados o a prestarse en el futuro, y podrán ser aportados al valor que los socios determinen en el instrumento constitutivo o posteriormente por resolución unánime de los socios, o el valor resultará del que determinen uno o más peritos designados por los socios en forma unánime. El instrumento constitutivo deberá indicar los antecedentes justificativos de la valuación.

Las prestaciones deberán resultar del instrumento constitutivo y/o de los instrumentos de reformas posteriores, donde se precisará su contenido, duración, modalidad, retribución, sanciones en caso de incumplimiento y mecanismo alternativo de integración para el supuesto de que por cualquier causa se tornare imposible su cumplimiento. Sólo podrán modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la conformidad de los obligados y de la totalidad de los socios.

Si la prestación del servicio se encontrara total o parcialmente pendiente de ejecución, la transmisión de las acciones de las que fuera titular el socio que comprometió dicha prestación requerirá la conformidad unánime de los socios, debiendo preverse, en su caso, un mecanismo alternativo de integración.

Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.

Aumento de Capital.

En oportunidad de aumentarse el capital social, la reunión de socios podrá decidir las características de las acciones a emitir, indicando clase y derechos de las mismas.

La emisión de acciones podrá efectuarse a valor nominal o con prima de emisión, pudiendo fijarse primas distintas para las acciones que sean emitidas en un mismo aumento de capital. A tales fines, deberán emitirse acciones de distinta clase que podrán reconocer idénticos derechos económicos y políticos, con primas de emisión distintas.

El instrumento constitutivo puede, para los casos en que el aumento del capital fuera menor al cincuenta por ciento (50 %) del capital social inscripto, prever el aumento del capital social sin requerirse publicidad ni inscripción de la resolución de la reunión de socios.

Aportes irrevocables

Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones podrán mantener tal carácter por el plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de aceptación de los mismos por el órgano de administración de la SAS, el cual deberá resolver sobre su aceptación o rechazo dentro de los quince (15) días del ingreso de parte o de la totalidad de las sumas correspondientes a dicho aporte. La reglamentación que se dicte deberá establecer las condiciones y requisitos para su instrumentación.

Tipos de acciones.

Se podrán emitir acciones nominativas no endosables, ordinarias o preferidas, indicando su valor nominal y los derechos económicos y políticos reconocidos a cada clase. También podrán emitirse acciones escriturales.

Podrán reconocerse idénticos derechos políticos y económicos a distintas clases de acciones, independientemente de que existan diferencias en el precio de adquisición o venta de las mismas. En el instrumento constitutivo se expresarán los derechos de voto que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución de voto singular o plural, si ello procediere.

En caso que no se emitieren los títulos representativos de las acciones, su titularidad se acreditará a través de las constancias de registración que llevará la SAS en el libro de registro de acciones. Asimismo, la sociedad deberá en estos casos expedir comprobantes de saldos de las cuentas.

Transferencia de las acciones.

La forma de negociación o transferencia de acciones será la prevista por el instrumento constitutivo, en el cual se podrá requerir que toda transferencia de acciones o de alguna clase de ellas cuente con la previa autorización de la reunión de socios. En caso de omisión de su tratamiento en el instrumento constitutivo, toda transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad e inscripta en el respectivo Libro de Registro de Acciones a los fines de su oponibilidad respecto de terceros.

El instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de las acciones o de alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del plazo máximo de diez (10) años, contados a partir de la emisión. Este plazo podrá ser prorrogado por períodos adicionales no mayores de diez (10) años, siempre que la respectiva decisión se adopte por el voto favorable de la totalidad del capital social.

Las restricciones o prohibiciones a las que están sujetas las acciones deberán registrarse en el Libro de Registro de Acciones. En las acciones cartulares deberán transcribirse, además, en los correspondientes títulos accionarios. Tratándose de acciones escriturales, dichas restricciones deberán constar en los comprobantes que se emitan.

Toda negociación o transferencia de acciones que no se ajuste a lo previsto en el instrumento constitutivo es de ningún valor.

En fecha 11 de enero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°27/2018 (“en adelante “el Decreto”) emanado del Poder Ejecutivo Nacional, teniendo como dos objetivos principales la “Desburocratización y la Simplificación”.

Es una normativa larga y engloba de diversos temas, como ser: i) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, ii) Sociedades, iii) Fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor, iv) Actividades portuarias, v) Aviación civil, vi) Tránsito y seguridad vial, vii) Sistema métrico legal, viii) Marcas y patentes, ix) Fondo de garantía argentino, x) Sociedades de garantía recíproca, xi) Firma digital, xii) Energía, xiii) Obras de arte, xiv) Promoción del trabajo, xv) Administración de bienes del Estado, xvi) Fondo de garantía de sustentabilidad, xvii) Licitaciones en obras públicas, xviii) Industria, xix) Seguros, xx) Unidad de información financiera, xxi) Fondo fiduciario de capital social y xxii) Acceso al crédito – Inclusión financiera.

En este artículo veremos las implicancias del Decreto en cuanto a la Ley General de Sociedades (en adelante “LGS”), Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia (en adelante “LOIGJ”), Ley de Registros Nacionales (en adelante “LRN”) y Ley de Apoyo al capital emprendedor (en adelante “LACE”).

Las modificaciones en materias de sociedades se encuentran posicionadas en el Capítulo II del Decreto y las normas regulatorias de las sociedades están compuestas por 19 artículos, que van desde el artículo 2 hasta el artículo 20.

Las incorporaciones son las siguientes:

·        Socio aparente: Se prohíbe esta figura, así como también la del socio oculto. En caso de actuar como socio aparente (presta nombre) o socio oculto, la responsabilidad para éstos será subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad y el pacto en contrario no será oponible a terceros.

·        Registro Nacional de Sociedades por Acciones, Registro Nacional de Sociedades por Acciones; Registro Nacional de Sociedades Extranjeras; y Registros Nacionales de Asociaciones y de Fundaciones no serán más funciones de la Inspección General de Justicia ni se aplicará la LRN, sino que todos estos registros estarán a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del Ministerio que éste indique. Se utilizarán sistemas informáticos desarrollados y provistos por el Ministerio de Modernización o quien el Poder Ejecutivo Nacional determine.

·        Los Registros Nacionales serán de consulta pública y por medios informáticos.  No se deberá acreditar interés, mas sí deberá pagarse el canon fijado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los fondos recaudados ingresarán al Tesoro de la Nación y solventarán gastos correspondientes a la actividad de los Registros Nacionales.

·        Registros digitales: La utilización de los registros digitales para cumplir con los libros tanto societarios como contables, suplantará a los registros físicos. La ejecución de esta libertad será conforme lo establece la ley 27.349 que regula las Sociedades por Acciones Simplificadas. Los documentos deberán cumplir con el tracto registral requerido por la autoridad de contralor.

·        El Libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que comprendan periodos no mayores a un mes.

·        El sistema utilizado para contabilizar debe permitir la individualización de las operaciones y de las cuentas deudores y acreedoras, como así también su verificación mediante el cotejo de los asientos con la documentación respaldatoria.

·        Inscripción de las Sociedad Anónima Simplificada (en adelante “SAS”): La documentación correspondiente deberá presentarse ante el Registro Público, quien previo cumplimiento de los requisitos formales y de las normas reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción. La inscripción será realizada dentro de las 24 horas contadas desde el día hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice el modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por el Registro Público. Los Registros Públicos deberán dictar e implementar las normas reglamentarias, previéndose el uso de medios digitales con firma digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y resolución de las observaciones que se realicen a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las reformas del instrumento constitutivo.

·        Limitaciones a las SAS: Tanto como para constituirse como para mantenerse como SAS, deberán cumplir dos requisitos. El primero es no ser de economía mixta ni sociedad anónima con participación Estatal mayoritaria, ni realizar operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros, ni explotar concesiones o servicios públicos. El segundo es no ser controlada por ni participar en más del 30 % del capital de sociedades comprendidas en los supuestos mencionados precedentemente. En el caso de no cumplir con los requisitos, deberá transformarse en los tipos sociales regulados en la LGS. Deberá inscribir dicha transformación en un plazo no mayor de 6 meses, de que se haya configurado el supuesto. Para el caso en que el supuesto no fuera un acto o hecho propia de la SAS, el plazo se computará desde el momento en que el la SAS toma conocimiento del supuesto. Vencido el plazo, sin que se haya inscripto, los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria. Si dentro del plazo estipulado como tiempo límite para la inscripción, la SAS deja de estar encuadrada en alguno de dichos supuestos, ya no será necesaria la inscripción.

Como se puede ver, la mayoría de las incorporaciones en materia societaria tienen que ver con una promesa de evolución y tecnología, que permitiría en principio reducir tiempos y obtener la facilidad de realizar un sinfín de gestiones desde una computadora. El fin que persigue está orientado a la modernización de un sistema mediante el flamante uso de la digitalización.

Javier Canosa colaboró en la redacción de la “Auditoría de Libertad Económica Argentina 2017: Expandiendo la Libertad Económica”, un trabajo realizado por la Fundación Libertad y Progreso en colaboración con el Fraser Institute y Atlas Network.

Este informe analiza algunos de los problemas económicos más relevantes en la Argentina como el consumo del gobierno, los impuestos, transferencias y subvenciones, seguridad jurídica, derechos de propiedad, ejecución de contratos, barreras al comercio internacional y doméstico, barreras a los mercados de crédito y al sistema bancario, relaciones laborales, controles a los precios y regulaciones respecto a las entradas y salidas de los mercados.

Haga click aquí para acceder al informe.

Sabemos que si bien Estados Unidos -durante la presidencia Obama en Junio de 2010- ha suscripto el acuerdo multilateral de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”) de asistencia administrativa en asuntos fiscales (“MCAA” por sus siglas en inglés: Multilateral Convention on Administrative Assistance in Tax Matters), la realidad es que no lo ha ratificado y, con la composición del congreso americano (mayoría republicana) y Donald Trump en la Casa Blanca, resulta prácticamente imposible que el MCAA sea ratificado por el Congreso Americano dentro de los próximos 4 años.

Nos detenemos un segundo. Existen dos sistemas de intercambio de información relevante a los fines fiscales, el del CRS y FATCA.  Veamos:

  • el del Common Reporting Standard (“CRS”) que es el sistema de intercambio automático establecido por la OCDE que es un sistema en donde idealmente más de 100 países empezarían a intercambiar información fiscalmente relevante a partir del 1º de enero de 2017 en algunos casos.

El sistema CRS (o Common Reporting Standard) de la OCDE es un mecanismo multilateral, totalmente recíproco de intercambio automático de información.  CRS y sus comentarios fueron incorporados por referencia MCAA que es un documento vinculante entre sus firmantes.

Bajo este MCAA, existen dos formas de cumplir con el estándar automático: las jurisdicciones pueden entrar en un acuerdo bilateral, o bien entrar en el acuerdo multilateral MCAA, que es un acuerdo marco designado a implementar el intercambio automático en una base multilateral.  Sin embargo, el MCAA no obliga a todos sus firmantes a intercambiar información entre sí de forma automática; cada firmante tiene el control último sobre la información y sobre las relaciones con otros países en las que entra, es decir, no deja de ser bilateral.

  • El régimen de Estados Unidos denominado FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act) fue sancionado el 16 de diciembre de 2009 sin apoyo del partido Republicano en su cámara de diputados (House of Representatives) y pasado en el senado norteamericano el 17 de marzo de 2010. Entró en vigencia el 1 de enero de 2013.

FATCA es básicamente un régimen de información que deben cumplir las entidades financieras no estadounidenses. Su gran novedad es el alcance extraterritorial de la obligación, en tanto la norma requiere que los bancos informen directamente a las autoridades fiscales de los EEUU respecto de los contribuyentes de ese país titulares de cuentas abiertas en dichas instituciones. En caso de no participar en el régimen, se impone una sanción – a modo de “incentivo de cumplimiento”- que consiste en una retención del 30% sobre los resultados de fuente americana de la entidad no participante.

El G5 comenzó a negociar con EEUU las condiciones de implementación del FATCA a partir de ciertos planteos realizados por sus instituciones financieras. Esto generó la publicación del Modelo de Acuerdo Intergubernamental para mejorar el cumplimiento fiscal y aplicar FATCA. Este acuerdo es conocido como Modelo IGA, con dos modalidades IGA1 e IGA2.

Ni la ley FATCA ni las regulaciones derivadas de FATCA autorizan a un intercambio de información recíproco con autoridades fiscales extranjeras. Sin embargo, el Modelo 1 que autoriza a un intercambio recíproco de información fue desarrollado para inducir a las autoridades fiscales extranjeras a intercambiar información con los Estados Unidos sobre personas de dicho país con cuentas fuera de dicho país; no fue pensado para que Estados Unidos entregue información.

Cabe notar que el IGA 1 se basa en algún tipo de acuerdo de intercambio de información previo como un tratado de doble imposición (CDI), o un tratado de intercambio de información (TIEA). De acuerdo con estos acuerdos, los Estados Unidos no están obligados a mirar a través de las estructuras (como si lo están bajo CRS), sin embargo, los estados firmantes de estos acuerdos sí deben mirar a través de las estructuras para encontrar personas estadounidenses. La información, entonces, que se intercambia bajo FATCA es asimétrica, puesto que los Estados Unidos no mirará a través de las estructuras jurídicas para detectar al último beneficiario final de los activos.

Al día de hoy, alrededor de 73 jurisdicciones han celebrado IGA1 con los Estados Unidos, de los cuales 53 son “recíprocos” y 20 no.  Además, alrededor de 25 jurisdicciones han llegado acuerdos “substanciales” con el fisco estadounidense y son tratados de hecho como si tuviesen un IGA 1.  La viabilidad de la implementación del régimen FATCA en Argentina depende exclusivamente de la existencia de un IGA entre nuestro país y EEUU, en este contexto se celebró este acuerdo de intercambio de información.

Cabe destacar, sobre FATCA, finalmente, que la plataforma del Partido Repúblicano propone derogar el sistema FATCA por completo por lo que resta ver si ahora que el Partido Repúblicano controlará las dos Cámaras y la Casa Blanca lograrán derogar definitivamente FATCA, y por elevación herir de muerte a CRS.

En este contexto, sin mucho preámbulo, el 23 de diciembre de 2016 Argentina – a través del Ministro Prat Gay que fue invitado a renunciar el día siguiente hábil luego de la firma del acuerdo- y Estados Unidos – a través de su Embajador Noha Mamet – firmaron un acuerdo bilateral de intercambio de información fiscal con el objetivo de establecer una colaboración mutua para enfrentar las cuestiones impositivas en ambos países.

El objeto del tratado, establecido en su primer artículo, es la mutua asistencia a través del intercambio de información relevante para el cumplimiento de las leyes tributarias locales de ambos países, y para el seguimiento de cuestiones impositivas.  Sin embargo, la realidad práctica del tratado es muy distinta.   Sería muy extraño que Argentina reciba información bajo este acuerdo.

De conformidad con este acuerdo, el intercambio de información impositiva se dará “a pedido de parte”, es decir que debe haber una solicitud específica y no “excursiones de pesca” (fishing expeditions). Esto resulta del artículo 5, en el cual se detalla el proceso de intercambio de información, que debe comenzar con el requerimiento de las autoridades de un Estado al otro. Si el Estado lo solicita específicamente, la información puede incluir declaración de testigos o copias certificadas de documentos originales, siempre dentro de los límites legales de las leyes domésticas.

Por otro lado, el artículo 2 le da la posibilidad al Estado de negarse a proveer la información si no pertenece a sus autoridades o si no está en poder de personas que se encuentran bajo su territorio. Entre la información transmisible se encuentra la contenida en bancos y otras instituciones financieras, e información relacionada a la titularidad de sociedades, asociaciones, fideicomisos y fundaciones.

Un aspecto importante se encuentra en el artículo 9 del Tratado, que establece cuándo un Estado se puede negar a proveer la información requerida, además de las causas ya mencionadas:

  • En primer lugar, un Estado no puede requerir información que no esté habilitado a obtener bajo sus propias leyes locales.
  • A su vez, el Estado solicitante debe haber agotado todos los mecanismos internos para obtener esa información antes de requerirla.
  • Tampoco se puede obligar a un Estado a brindar información si la misma podría revelar algún tipo de secreto comercial, cambiario, industrial o profesional, o si la misma incluye comunicaciones confidenciales entre un abogado y su cliente relacionadas a cuestiones legales.

El Estado también puede declinar el requerimiento si brindar esa información implicaría ir en contra de su orden público, o violar normas de ese tipo, o en el caso de que la entrega de dicha información vulnere alguna norma interna de ese país.

El acuerdo incluye una cláusula de “Confidencialidad”, que aclara que cualquier información recibida en base a las disposiciones de este acuerdo es totalmente confidencial, y sólo puede ser revelada a personas y autoridades dedicadas al asesoramiento, recolección y aplicación de los impuestos que forman parte de este arreglo, o quienes supervisan tales actividades. Por otra parte, estas personas sólo pueden hacer uso de la información para los propósitos descriptos en el Tratado, y sólo pueden revelarla en ámbitos judiciales. Sin embargo, el Estado requerido puede dar su consentimiento escrito para que los datos sean utilizados para otros fines. Esta confidencialidad perdurará incluso en el caso de terminación del arreglo.

En cuanto a la entrada en vigor, el artículo 14 dispone que el Tratado regirá un mes después de que Argentina de su notificación expresa de que ya completó su procedimiento interno para que entre en vigencia el acuerdo, y la información a intercambiar es la que se refiere al año fiscal posterior a dicha entrada a vigencia. Esto quiere decir que en ningún caso el mismo permitirá intercambiar información anterior al 31 de Diciembre de 2017.

Este acuerdo constituye un avance hacia la transparencia fiscal internacional pero de ningún modo tiene la importancia sustancial que se la ha erroneamente consignado en la opinión publicada en los medios, más bien todo lo contrario, es un acuerdo sin ningún tipo de consecuencias prácticas.

El 30 de agosto de 2016 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 673/2016 (en adelante la “Resolución”) de la Comisión Nacional de Valores (en adelante la “CNV”).  La Resolución modifica las “normas” de la CNV y crea la figura del “Hacedor de Mercado” (Market Maker).

El rol principal del Market Maker es fomentar la simplificación de la negociación para los inversores y lograr una mayor liquidez y competitividad a fin de obtener las condiciones más favorables al momento de concretar las operaciones bursátiles.

De acuerdo a las legislaciones extranjeras que ya contenían esta figura, su resultado ha sido positivo, generando así precios en forma continua y profunda, morigerando las oscilaciones bruscas y aumentando el volumen de los registros.

La Resolución define al Hacedor de Mercado (Market Maker) como un Agente de Liquidación y Compensación, que tiene las siguientes características:

  1. Debe estar autorizado y registrado por la CNV,
  2. Habilitado por el mercado en el que opere para actuar.
  3. Actuación de acuerdo a lo determinado por el mercado (habilitación, actuación y registro). Éstos deberán llevar un registro de Hacedores de Mercado y la reglamentación correspondiente deberá ser presentada a la CNV para su previa aprobación.

Las funciones del Hacedor de Mercado están fijadas en el artículo 71 de las Normas de la CNV:

  1. Provisión de liquidez a las especies y/o instrumentos sobre los que opere. Esto será por medio de ofertas de compra y de venta con un mínimo diferencial entre sus respectivos precios bajo las condiciones y reglamentación de cada Mercado.
  2. Actuar por cuenta propia.

Por último, la Resolución fija lineamientos básicos para que los mercados reglamenten la actividad de los Hacedores de Mercado. Entre ellas se encuentran:

  1. Requisitos para su registro y vigencia de la inscripción
  2. Si la actuación será exclusiva o plural.
  3. Los derechos y obligaciones de los Hacedores de Mercado.
  4. Especies y/o instrumentos negociados en el Mercado por los que podrá operar el Hacedor de Mercado.
  5. Ingresos que percibirá por su actuación.
  6. Exigencias de presencia mínima durante la sesión de negociación.
  7. Diferencial máximo entre los precios de las ofertas de compra y de venta que podrá mantener por especie y/o instrumento durante su presencia en la sesión de negociación.
  8. Permanencia mínima de las ofertas correspondientes a órdenes de clientes del Hacedor de Mercado, en las pantallas de los sistemas de negociación, previa a que aquéllas puedan ser aplicadas contra ofertas de éste en tal carácter.

La Resolución entró en vigencia el 1 de septiembre de 2016.

La AFIP reglamentó la ley de sinceramiento fiscal No. 27.260 mediante la Resolución General 3934 del 23 de agosto de 2016, que modifica y se complementa con la Resolución General 3919 de AFIP del 28 de julio de 2016 (la “Reglamentación”).

En primer lugar, la Reglamentación aclara que la fecha de promulgación de la ley 27.260 (“Ley”) que establece el “régimen de sinceramiento fiscal” (el “Régimen”) es el 22 de julio de 2016 (es decir, la llamada Fecha de Preexistencia de los Bienes).  El acogimiento al Régimen se podrá realizar entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de marzo de 2017, ambas fechas inclusive.

El requisito de residencia exigido por la Ley debe verificarse al 31 de diciembre de 2015, o bien previo al 22 de Julio de 2016 en el caso de personas humanas.

Respecto de los bienes que pueden ser objeto del Régimen, la Reglamentación aclara respecto los inmuebles podrán ser inmuebles adquiridos, terrenos, obras en construcción y mejoras.

En el caso de bienes a nombre del cónyuge o un tercero, la Reglamentación requiere que el cónyuge o el tercero que se trate preste su conformidad con el sujeto declarante, y en su caso, justificar la disminución patrimonial correspondiente.   Asimismo, con anterioridad a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2017 (aproximadamente abril 2018) esos bienes deberán encontrarse registrados a nombre del declarante.

El acogimiento al Régimen se realizará a través de la web de AFIP mediante la confección de una declaración jurada., asimismo el declarante deberá mantener actualizado su domicilio fiscal electrónico y mantener actualizado el domicilio fiscal.

En relación con los entes del exterior, la Reglamentación establece que las personas deberán declarar su participación en dichos entes (sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones, o cualquier otro ente constituido en el exterior), detrayendo – en su caso- del valor de dicha participación el monto correspondiente a los bienes que, habiendo formado parte del patrimonio de dichos entes, sean exteriorizados por personas humanas.  El sujeto declarante deberá mantener a disposición de AFIP, la documentación que acredite la titularidad de dicha participación.

Respecto de la valuación de los bienes, la Reglamentación establece lo siguiente:

  • cuando se declare dicha participación en personas jurídicas en el país (recordemos que el artículo 40 de la Ley establece que la valuación de la participación en dicho ente debe hacerse al valor patrimonial proporcional de la participación, de manera que se represente el total de los activos del ente), la información requerida deberá surgir de un balance cerrado al 1 de enero de 2016 de acuerdo con las normas contables vigentes (sin perjuicio que de haber bienes inmuebles en el patrimonio del ente, los inmuebles se deberán valuar al valor de plaza), o en el caso de entes del exterior de un balance especial confeccionado al 22 de julio de 2016 o bien si el ente del exterior no está obligado a confeccionar balances, la participación en el activo deberá surgir de una constancia suscripta por el representante legal del ente del exterior. El sujeto declarante deberá mantener a disposición de AFIP, dicha documentación.
  • Las acciones, títulos públicos y demás títulos valores que coticen en bolsas o mercados deberán valuarse al último valor de cotización o valor de mercado al 22 de julio de 2016.
  • En el caso de inmuebles, se considera operada la adquisición con la escritura, o boleto de compraventa, u otro compromiso similar provisto de certificación notarial, siempre que mediare posesión al 22 de julio de 2016.

Los inmuebles se valuarán al 22 de julio de 2016 con una valuación que tendrá una vigencia de 120 días desde la constancia, que deberá ser (i) en el caso de inmuebles en el país: emitida por un corredor matriculado (podrá suplirse con una constancia emitida por una entidad bancaria estatal), (ii) bienes en el exterior: con dos constancias emitidas por un corredor en el país que se trate; se tomará la tasación de mayor valor.

  • Los automotores se valuarán de acuerdo con la tabla de valuación del impuesto a los bienes personales (adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2016) o según la tabla de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (para los adquiridos luego del 1 de enero de 2016).
  • Las aeronaves, naves, yates, etc. se valorarán de acuerdo con una constancia emitida por una entidad aseguradora.

Cabe aclarar que la Resolución General 3934 de AFIP del 23 de Agosto de 2016 agregó que cuando por la naturaleza del bien o las modalidades del mercado respectivo, sea imposible contar con la pertinente valuación a la fecha de preexistencia (22 de julio de 2016), deberá aplicarse la valuación de la fecha inmediata posterior, en la medida en que obre en una constancia con información a una fecha que no supere el 31 de julio de 2016, lo cual no debe obstar a la preexistencia del bien al 22 de julio de 2016, ni a la conversión de la moneda extranjera a la cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina vigente al 22 de julio de 2016.

El impuesto especial (“Impuesto Especial”) se podrá cancelar en forma separada o conjunta con cualquiera de los siguientes medios de pago:

  • Transferencia electrónica de fondos (VEP),
  • Títulos Bonar 17 y/o Global 17, o
  • Transferencia bancaria desde el exterior.

El acogimiento al Régimen se considerará perfeccionado una vez que el pago del Impuesto Especial se encuentre registrado en AFIP. La constancia del acogimiento al Régimen será enviada al domicilio fiscal electrónico del contribuyente.

La Reglamentación entró en vigencia el 1 de agosto de 2016.

El 28 de julio de 2016 el Poder Ejecutivo emitió el decreto 895/2016 (el “Decreto Reglamentario”) que reglamenta la Ley 27.260 (la “Ley”) que establece una amplia amnistía fiscal.

El Decreto Reglamentario en primer término establece que los familiares referidos en la Ley (recordemos que la Ley establece que la declaración será válida aún cuando los bienes que se declaren se encuentren en posesión o anotados  a nombre del cónyuge, ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad o de terceros) no deben ser necesariamente residentes Argentinos.

El artículo 2 del Decreto Reglamentario establece que las operaciones en cumplimiento de la obligación de que los bienes se encuentren a nombre del declarante al momento de realizar las presentaciones del impuesto a las ganancias o bienes personales del período 2016 que vencen en 2017 (art. 38) serán consideradas no onerosas y no generarán gravamen alguno, y esa condición (que dichos bienes se encuentren a nombre del declarante en ese momento), no será de aplicación en el caso de que se encuentre una estructura como titular de los bienes (art. 39).

Además, en ese caso (caso de bienes a nombre de una estructura societaria o fideicomiso) – artículo 3 del Decreto Reglamentario-  deberán realizar la declaración en la misma forma que una persona humana conforme al artículo 38 de la Ley y valuarse conforme al artículo 40 de la Ley, detrayendo los montos que sean exteriorizados por una persona humana.

La exteriorización en los términos de la Ley respecto de cualquier accionistas, socio, fiduciante, fiduciario, settlor, trustee, director, etc. otorgará todos los beneficios de la Ley respecto de los bienes objeto de la declaración en relación con cualquier persona relacionada con dicha estructura.

El Decreto Reglamentario aclara que la fecha de promulgación de la Ley  es el 22 de julio (“Fecha de Preexistencia de los Bienes”).

El Decreto Reglamentario aclara que pueden acogerse a los beneficios de la Ley también las obligaciones fiscales que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero.

En su artículo 16, el Decreto Reglamentario establece los mínimos que pueden ser detectados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) sin que caigan los beneficios de la Ley:

  • AR$305,000, o
  • El 1% del valor de los bienes exteriorizados, lo que resulte mayor.

El Decreto Reglamentario aclara que la exención del impuesto a las ganancias a la diferencia de cambio que constituyan ganancia de fuente extranjera [art. 73] solamente aplica a personas humanas o a sucesiones indivisas, no aplica a sociedad comerciales.

Se espera la reglamentación de AFIP de un momento a otro.

Javier Canosa colaboró en una mesa redonda publicada en la última edición de la revista “Who’s Who Legal: M&A and Governance 2016.”

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