Asignación no remunerativa y procedimiento previo a los despidos sin causa publicado en el Boletín Oficial el día 13 de noviembre de 2018

 

ASIGNACION NO REMUNERATIVA

 

Se establece a partir del 1° de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), la cual será otorgada por los empleadores de la siguiente forma:

a) $ 2.500 conjuntamente con los salarios del mes de noviembre de 2018, pagaderos en el mes de diciembre de 2018 y

b) $ 2.500 conjuntamente con los salarios del mes de enero de 2019, pagaderos en el mes de febrero de 2019.

Cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional.

Aquellas actividades o sectores que se encuentren en crisis o declinación productiva podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos.

Los convenios colectivos de trabajo que hubiesen pactado un incremento sobre los ingresos de los trabajadores, en concepto de revisión salarial de la pauta oportunamente acordada en la negociación colectiva del año 2018, podrán compensar aquél aumento con la suma total de la asignación hasta su concurrencia, salvo que acuerden expresamente su no absorción. Además, podrán solicitar que dicha asignación se compute a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial correspondiente a la negociación colectiva del año 2018.

Los empleadores que hubiesen otorgado unilateralmente otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 1° de enero de 2018, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación, pero la misma adquirirá carácter remunerativo.

Quedan excluidos los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable.

También se encuentran excluidos del presente decreto los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes.

 

PROCEDIMIENTO PREVIO DE COMUNICACIÓN PARA DESPIDOS SIN JUSTA CAUSA

 

Se establece hasta el 31 de marzo de 2019, un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al ministerio de producción y trabajo con una anticipación no menor a DIEZ (10) días hábiles previo a hacerla efectiva.

 

El ministerio de producción y trabajo, de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo de los DIEZ (10) días hábiles, las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral.

 

El incumplimiento de lo establecido en el presente capítulo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en La Ley de Pacto del Trabajo, cuyas infracciones pueden ir de leves, graves a muy graves.

Queda exceptuado el personal de la Industria de la Construcción.

 

El 1° de enero de 2017 entró en vigencia un nuevo Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal entre la República Argentina y la República de Chile (en adelante el ¨DTT¨).

El documento se basa en el modelo elaborado en la décima actualización del Modelo de Convenio Bilateral para Evitar la Doble Tributación y el Fraude Fiscal (Modelo Fiscal OCDE), publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), siguiendo sus lineamientos.

Aplicación del Convenio

El Convenio se aplica a los impuestos exigibles por cada Estado Contratante sobre la renta y sobre el patrimonio de los contribuyentes residentes[1] en Chile y Argentina.[2], para restringir la fuerza jurisdiccional tributaria y coordinar la matriz normativa tributaria en el interés de eliminación de la doble imposición internacional.

Beneficia a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes, respecto de los impuestos sobre la renta y el patrimonio a la que estén afectados los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales entre las partes contratantes, reduciendo de esta forma las barreras fiscales al flujo de capitales y servicios entre ambos Estados.

Beneficios empresariales. Se gravarán exclusivamente en el Estado de residencia del contribuyente que obtenga las rentas, salvo que éste configure en el otro Estado un “establecimiento permanente” en la medida en que sea atribuibles a ése establecimiento, en cuyo caso ambos países podrán gravar las rentas hasta el límite de las utilidades atribuibles al establecimiento permanente.

Dividendos. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado[3]. Estos serán los rendimientos de las acciones, u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones o derechos sociales sujetos al mismo tratamiento fiscal que los rendimientos de las acciones.

 

La tributación argentina de los dividendos distribuidos desde Argentina a Chile no puede aplicar tasas superiores al 10%  de las distribuciones  de dividendos que posean más del 25% del capital de la sociedad, o con un tope del 15%, en los demás casos. En el caso de Chile, se mantuvo la facultad de aplicar el Impuesto Adicional sobre los dividendos pagados desde Chile con una tasa de 35%, en la medida que el Impuesto de Primera Categoría se mantenga deducible contra el Impuesto Adicional.

 

Intereses. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado, con determinados topes.[4]  El impuesto exigido en el país de la fuente no puede exceder de 4%, 12% ó 15% dependiendo del tipo de interés que se trate.

 

Regalías. Podrán gravarse en el país de procedencia: La Argentina adquiere la potestad de gravar las regalías pagadas a empresas residentes en Chile.[5] El impuesto exigido en el país de la fuente no podrá exceder de 3%, 10% ó 15% dependiendo del tipo de regalía que se trate.

Patrimonio. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un Estado Contratante y que esté situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.[6]

Servicios personales y profesionales independientes. Se gravarán en el país de residencia de quien las obtengan[7]. Cuando se posea una base fija en él a efectos de llevar a cabo sus actividades y las rentas se puedan atribuir a ella, se podrán gravar también en el otro Estado; o si su permanencia en el otro Estado Contratante se extiende por un período o períodos que en total alcancen o excedan de 183 días en cualquier periodo de doce meses que comience o termine en el año calendario respectivo.

A los fines del Convenio, establecimiento permanente será aquel un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad.[8] El hecho de que una sociedad residente en Argentina controle o sea controlada por una sociedad residente en Chile o que realice actividades en territorio chileno no convierte per se a alguna de esas sociedades en un establecimiento permanente de la otra.

Evitar la doble imposición

El Convenio aplica sobre todas las rentas tratadas por el mismo, la posibilidad de que los contribuyentes argentinos computen como pago a cuenta el impuesto retenido en Chile, aún cuando para la legislación argentina dicha ganancia no constituya una renta de fuente extranjera.

También  recepta deducir del impuesto sobre el patrimonio de ese residente, un importe equivalente al impuesto sobre el patrimonio pagado en Chile.[9]

Esta deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a las rentas o al patrimonio que pueden someterse a imposición en Chile.

Los residentes en Chile que obtengan rentas o posean un patrimonio que, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Argentina, podrán acreditar contra los impuestos chilenos correspondientes a esas rentas o patrimonio los impuestos pagados en Argentina, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación chilena.

 

 

 

[1] Conf. Art. 4 del “Convenio”: “Toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, está sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga”

[2] Art. 2 del “Convenio”

[3] Art 10 del “Convenio”

[4] Art. 11 del “Convenio”

[5] Art. 12 del “Convenio”

[6] Art. 22 del “Convenio“

[7] Art 14 del “Convenio”

[8] Art. 5 del “Convenio”

[9] Art. 23 del “Convenio”

El 08 de mayo de 2018,  la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 4236/2018, que regula el modo de determinar la residencia tributaria, la pérdida de la condición de residente y los casos de doble residencia.

La Ley de Impuesto a las Ganancias (“LIG”) prevé que los sujetos residentes en la Argentina tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país y en el exterior.[1] Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina mediante un mecanismo de retención en la fuente.

Residencia fiscal

La residencia fiscal determina de qué forma tributan el gravamen los contribuyentes.

  • En relación a las personas humanas, la L.I.G. prevé que son residentes:

(i) las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto las que hayan perdido la condición de residentes; y

(ii) las personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su residencia permanente en el país o que, sin haberla obtenido, hayan permanecido en el mismo con autorizaciones temporarias otorgadas de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de migraciones, durante un período de doce meses, supuesto en el que las ausencias temporarias que se ajusten a los plazos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación, no interrumpirán la continuidad de la permanencia”[2]

  • Con respecto a instituciones contribuyentes de existencia ideal, se determina en base al domicilio que figura en sus archivos. El mismo deberá coincidir o encontrarse en la misma jurisdicción que aquél constatado por las evidencias documentales recientes expedidas por un organismo público competente o una empresa de suministros, o que consta en una declaración jurada de la persona humana titular de la cuenta.

Desdomiciliación tributaria

La LIG al definir la residencia a los fines fiscales, determina de este modo el grado de vinculación del contribuyente con el territorio de la Nación. Asimismo, la ley determina que se  pierde dicha condición cuando:

  • Se adquiera el carácter de residente permanente de otro Estado;
  • No habiéndose verificado esta situación, permanezca en forma continuada en el exterior por un periodo de 12 meses con presencias temporales en el país que no excedan de un total de 90 días continuados o alternados durante ese período de 12 meses.

En aquellos casos en que el contribuyente obtenga residencia en otro Estado, pero mantenga su vivienda en la Argentina, se considera que tiene doble residencia. En caso de que exista una vivienda en ambos países, se dará preeminencia al centro de intereses vitales[3]. En caso de no poder determinarse, se deberá analizar si el contribuyente pasa mayor tiempo en el país que en el otro Estado, y su fueren iguales, importará la nacionalidad argentina.

La pérdida de la condición de residente en el país  deberá ser acreditada por el contribuyente que la invoque, mediante alguno de los elementos que se indican a continuación:

  1. i) Certificado de residencia permanente emitido por la autoridad competente del Estado extranjero de que se trate.
  2. ii) Pasaporte, certificación consular u otro documento fehaciente que pruebe la salida y permanencia fuera del país por el lapso previsto en dicho artículo.

Dicha documentación se deberá adjuntar al momento de solicitar la cancelación de la inscripción en el impuesto a las Ganancias.

Cancelación del impuesto

Cuando una persona humana adquiere la calidad de beneficiario del exterior, debe comunicar ese cambio de residencia o, en su caso, la pérdida de la condición de residente en el país, a los correspondientes agentes de retención a efector de ser dado de baja del Impuesto a las Ganancias.[4]

Hasta tanto la cancelación respectiva en el Impuesto a las Ganancias no sea obtenida las personas humanas deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones fiscales formales y materiales.

La pérdida de la condición de residente causa efecto[5]:

– a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente a aquel en el que se adquirió la residencia permanente en un estado extranjero, o,

– se hubiera cumplido el período que determina la pérdida de la condición de residente, según corresponda.

[1] Art. 1 Ley 20.628
[2] Art. 119  20.628
[3] Relaciones personales y económicas más estrechas
[4] Art. 123 Ley 20.628
[5] Art. 120 Ley 20.628
Javier Canosa contribuyó con The 2017 Year In Review, una encuesta anual de desarrollo legal internacional y una publicación del ABA/Section of International Law.
 
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El 7 de junio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 3/2018 (la “Resolución) de la Inspección General de Justicia (“IGJ”). La Resolución introduce modificaciones a la Res. IGJ Nº 7/2018 y dispone la obligación de obtener la rúbrica de libros societarios vía web.

La Resolución se encuentra en línea con el Plan de Modernización y Simplificación llevado adelante por el gobierno argentino e introduce el proceso para individualizar u obtener la rúbrica de libros societarios a través del Sistema de Trámites a Distancia (“TAD”). Los pasos para obtener la individualización o rúbrica de libros societarios a través de la plataforma TAD son los siguientes:

  1. La solicitud para individualizar u obtener la rúbrica de libros societarios deberá ser realizada por un representante de la sociedad ante un Escribano Público.
  2. El Escribano deberá cargar la solicitud al sistema TAD con su firma digital, consignar datos de la solicitud y efectuar los pagos correspondientes.
  3. Una vez que el Escribano inicie el trámite, IGJ analizará los antecedentes y registros de la sociedad y realizará observaciones o aprobará el trámite en un plazo de 10 (diez) días.
  4. Finalmente, el Escribano podrá descargar la rúbrica del libro directamente de la plataforma TAD para luego adherirlo al libro cuya autorización y rúbrica se requirió.

En relación a las notificaciones, IGJ le informará al Escribano todas las observaciones y/o la finalización del trámite a través del portal TAD.

La Resolución entra en vigencia el 2 de julio de 2018.

Comenzando en el corriente año (2018), la Conferencia STEP LatAm invita a estudiantes y jóvenes profesionales a escribir un ensayo académico. Cada año los ensayos versarán sobre un tema de actualidad relacionado con el asesoramiento familiar internacional en Latinoamérica.

Para mas información, haga clic aquí.

En el marco de la Cumbre del Mercosur, el 21 de julio de 2017, en Mendoza, Argentina, las autoridades de Argentina y Brasil firmaron un protocolo de enmienda al convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal (“CDI”) entre los dos países (el “Protocolo”).

El 5 de mayo de 2018, el Congreso argentino, por medio de la Ley 27441, aprobó el Protocolo.

Para ver las principales modificaciones que introduce el Protocolo, haga clic en el siguiente artículo Modificación al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal entre Argentina y Brasil.

Durrieu& Canosa Abogados es parte del German Desk 2018.

El German Desk consiste en un grupo de trabajo de socios auditores, contadores, abogados y escribanos germano parlantes y socios de la AHK Argentina que se reúnen para discutir temas de actualidad del ámbito jurídico. Este grupo trabaja además con el fin de lograr una red internacional de contactos. Por ello, cada año realizan un simposio regional con profesionales germano parlantes de toda Latinoamérica e hispano parlantes de Alemania.

Haga click aquí para acceder al Broschüre 2018 del German Desk (versión en alemán).

Un paso más en dirección al acceso de Argentina a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). A través de la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, Argentina se posiciona a la altura de otros países de la región y del mundo tales como Chile, Brasil. Colombia, España y Francia y obliga a las personas jurídicas a revisar sus procedimientos internos a efectos de determinar si cumplen con los requerimientos de la Ley. De igual manera, y a partir de la entrada en vigencia de la Ley, Argentina cumple con los compromisos internacionales asumidos al ratificar la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE.

 

El 1° de marzo de 2018 entró en vigencia la ley 27.401 (en adelante, la “Ley”), que modifica el Código Penal de la Nación (“CPN”) y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

 

La Ley prevé la responsabilidad de las personas jurídicas por los siguientes delitos:

(i) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional (artículos 258 y 258 bis del CPN);

(ii) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del CPN);

(iii) Concusión (artículo 268 del CPN);

(iv) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículos 268 (1) y (2) del CPN); y

(v) Balances e informes falsos agravados (artículo 300 bis del CPN).

 

Las personas jurídicas serán responsables cuando los delitos antes mencionados hubieran sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio; incluso cuando quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica careciese poder o atribuciones para hacerlo, siempre que la persona jurídica haya ratificado la gestión. La responsabilidad es transmisible en casos de reorganización societaria y la persona jurídica quedará exenta sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para la persona jurídica.

 

La acción penal contra la persona jurídica sólo se extinguirá en casos de amnistía y prescripción. La Ley establece un plazo de prescripción de 6 (seis) años desde la comisión del delito para la acción penal respecto de las personas jurídicas.

Cabe aclarar que la extinción de la acción penal contra las personas humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no afectará la vigencia de la acción penal contra la persona jurídica.

 

Asimismo, la persona jurídica podrá ser condenada aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana que hubiere intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica.

 

En relación a las penas aplicables a las personas jurídicas, la Ley establece que serán las siguientes:

 

  1. i) Multa de 2 (dos) a 5 (cinco) veces el beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener;
  2. ii) Suspensión total o parcial de actividades, la cual no podrá exceder en ningún caso de 10 (diez) años;

iii) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 (diez) años;

  1. iv) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al sólo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad;
  2. v) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; y
  3. vi) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

 

La persona jurídica quedará eximida de pena y responsabilidad si hubiera denunciado un delito previsto en la Ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna, hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de la Ley con anterioridad al hecho del proceso y hubiere devuelto el beneficio obtenido. En este punto la Ley le da especial relevancia a los “Programas de Integridad” o “Normas internas de Compliance” que haya adoptado la persona jurídica previo a la comisión del delito, y es por ello que resulta de vital importancia la implementación de esta clase de normas en el seno de la persona jurídica.

 

La persona jurídica podrá celebrar un “Acuerdo de Colaboración Eficaz” con el Ministerio Público Fiscal, en el cual aquella se obligará, bajo estrictas pautas de confidencialidad, a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Como condiciones esenciales para poder celebrar este acuerdo, la entidad deberá:

 

(i) Pagar una multa equivalente a la mitad del mínimo establecido en la Ley;

(ii) Restituir las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito;

(iii) Abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera condena.

 

Asimismo, el Acuerdo de Colaboración Eficaz podrá establecer las siguientes condiciones, enumeradas a modo enunciativo:

 

(i) Realizar las acciones necesarias para reparar el daño causado;

(ii) Prestar un determinado servicio en favor de la comunidad;

(iii) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo;

(iv) Implementar un programa de integridad en los términos establecidos por la Ley o efectuar mejoras o modificaciones en los programas preexistentes.

 

Programa de Integridad

 

La ley hace especial hincapié en la implementación de un “Programa de Integridad” (el “Programa”) por parte de las personas jurídicas comprendidas. Este Programa deberá consistir en un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y los actos ilícitos comprendidos en la Ley. Asimismo, la Ley dispone el contenido mínimo del Programa:

 

  1. i) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley:
  2. ii) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;

iii) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados.

 

A dicho contenido mínimo del Programa podrán agregarse otros elementos tales como el análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa, una política de protección de denunciantes contra represalias, el monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa, la designación de un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del programa, entre otros.

Javier Canosa fue nombrado como uno de los mejores abogados en el área de Fusiones y Adquisiciones, y Gobierno Corporativo.

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