28/03/2012

Nueva Ley sobre residuos y aparatos eléctricos y electrónicos en la Provincia de Buenos Aires

El 2 de noviembre de 2011 el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley Nº 14.321 (en adelante, la “Ley”) que establece el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El objeto de la Ley es prevenir la generación de RAEEs, así como fomentar la reutilización, el reciclado, y reducción del impacto ambiental de los RAEEs, y la modificación de la conducta ambiental de todos los que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, y de sus residuos entre otros.

La ley define a los RAEEs como los aparatos eléctricos y electrónicos (AEEs) desechados o a desecharse, sus componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte de los mismos, procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales a partir del momento que pasan a ser residuos.

Los productores de AEEs deberán propender a:

(i)                 Diseñar los AEEs de forma que no contengan plomo, mercurio, cadamio, y cromo hazavalante, entre otros.

(ii)               Diseñar y producir los aparatos de forma que se facilite el desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclado.

(iii)             Proporcionar a los gestores de RAEEs información para el desmontaje que permita la identificación de los componentes y materiales susceptibles de reciclado, así como la localización de sustancias peligrosas.

(iv)             Marcar con un símbolo previsto en el Anexo III de la Ley a los AEEs, e informar sobre el significado de tal símbolo en las instrucciones de uso, garantía o documentación que acompañen el aparato.

Los productores, distribuidores y comercializadores de AEEs deberán, entre otras obligaciones, declarar su condición ante un Registro Provincial.

La Ley establece que cuando el usuario o poseedor adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente o realice las mismas funciones que el aparato que se desecha, podrá entregarlo en el acto de compra del nuevo aparato al vendedor distribuidor, el que lo recepcionará y lo derivará para su disposición final.

La Ley también crea los Centro de Disposición Final de RAEEs, que se definen como establecimientos que reciben dichos residuos de los comercios vendedores o distribuidores o de los Centros de Recepción, a los efectos de seleccionar, clasificar y almacenarlos a fines de reducirlos y minimizar su imparto ambiental.

Algunas de las competencias de la Autoridad de Aplicación son:

(i)                 Realizar inspecciones periódicas a productores y distribuidores de AEEs y Gestores de RAEEs.

(ii)               Generar un sistema de información al público que sea de fácil acceso y que permita conocer de manera certera el cumplimiento de los objetivos previstos.

(iii)             Conformar el Consejo de Control y Seguimiento.

Por su parte el Consejo de Control y Seguimiento deberá, entre otras cosas:

(i)                 Requerir toda la información necesaria con relación a la aplicación de la Ley.

(ii)               Presentar anualmente un informe sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de RAEE.

(iii)             Participar en las campañas de educación, concientización y comunicación.

Los productores, distribuidores y/o comercializadores de tendrán el plazo de un (1) año para adaptarse a las disposiciones de la Ley, luego de ese plazo, el incumplimiento de la Ley será sancionado con:

(i)                 Apercibimiento.

(ii)               Multa de diez (10) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública hasta quinientas (500) veces dicho sueldo, actualmente de siete mil setecientos cuarenta pesos ($7.740) a trescientos cuarenta y cuatro mil pesos ($344.000).

(iii)             Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año.

(iv)             Clausura de las instalaciones y cese definitivo de la actividad.

(v)               Obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución condenatoria a cargo del infractor.

Las sanciones podrán aplicarse de forma concurrente.

La comenzó a regir el 15 de diciembre de 2011.